El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, ha lanzado el ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)’, una herramienta pionera diseñada para incorporar la accesibilidad de forma transversal en el funcionamiento diario de ministerios y organismos públicos.
El documento permitirá a las distintas unidades de la AGE autoevaluar periódicamente su grado de accesibilidad mediante un listado de comprobación que aborda seis grandes ámbitos estratégicos: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía. El objetivo es identificar carencias, activar mejoras pertinentes que abran la administración pública a la diversidad humana.
El protocolo ha sido presentado en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, en la que participan diferentes departamentos ministeriales y el CERMI, como expresión unitaria de la sociedad civil de las personas con discapacidad y sus familias.
En palabras del Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, “Este protocolo responde al mandato constitucional de los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles y supone una herramienta de gran utilidad para que la accesibilidad salga de lo social y se asuma desde todos los departamentos ministeriales para que atraviese todos los espacios, servicios y trámites de la Administración”. Martín apunta que “ya no hay excusas para no eliminar barreras porque este documento ofrece las pautas para identificar las quiebras y abordar las mejoras”.
Entre otras cuestiones, el protocolo analiza si los procesos selectivos contemplan adaptaciones para personas con discapacidad, si las webs y documentos digitales son accesibles, si los edificios cuentan con itinerarios accesibles o si la atención presencial, telefónica y online garantiza alternativas comprensibles y utilizables para todas las personas.
El protocolo, además de ayudar a diagnosticar problemas, también ofrece orientaciones prácticas y medidas concretas para corregirlos. Así, cada respuesta negativa o parcial sobre el cumplimiento de una determinada actuación de accesibilidad debe servir para incorporar mejoras y elevar progresivamente los niveles de accesibilidad en toda la Administración.
El documento parte de una visión amplia de la accesibilidad universal, entendida como una condición que beneficia tanto a las personas con discapacidad como a las personas mayores, en situación de dependencia, aquellas que tienen dificultades de comprensión y comunicación, o quienes se enfrentan con limitaciones temporales.